Uno de los cuidados más importantes a considerar al momento de explorar nuevos mercados internacionales para la comercialización de tus productos o servicios, es sin duda el de proteger y mantener los derechos de propiedad intelectual de tu negocio en la jurisdicción donde se desarrollarán actividades. 

De esta manera, existirá una certeza jurídica respecto de los derechos que podrán ser ejercitados para el debido cuidado legal de tus activos intangibles. 

Como es del conocimiento de la mayoría, Estados Unidos de América (EE. UU) es el socio principal en términos comerciales de México, y por ello, el hecho de penetrar dicho mercado y desarrollar diferentes actividades desde la exportación de productos, hasta la expansión comercial in situ, debe considerarse como motivo especial para salvaguardar oficialmente tus derechos de propiedad industrial en el uso exclusivo de los mismos. 

Entendiendo la importancia de la figura jurídica conocida de la “Marca”, y los beneficios que conlleva al encontrarse registrada, es por ello que presentamos las consideraciones más importantes que deberán tenerse en cuenta al momento de solicitar la protección de uso exclusivo de la Marca ante la USPTO (United States Patent and Trademark Office), autoridad especializada en el gobierno de los EE. UU para la protección de derechos de propiedad industrial.  

A diferencia del sistema de registro en México, en el caso de la USPTO existen diferentes modalidades (denominadas “filing basis”) para lo cual el registro de marca puede llevarse a cabo, enlistándose más adelante.

Bases o Modalidades del Registro de Marcas en la USPTO:

• El Uso Actual. – Considerando que una marca no registrada ya se encuentra en uso dentro del comercio de los EE. UU antes de solicitar su registro. 

• La Intención de Uso. – Considerando la existencia de una marca que no se ha usado dentro del comercio, pero que en el futuro se pretender utilizar de buena fe para dichos fines en los EE.UU.

• La Existencia de un Registro Extranjero. – Considerando la existencia de un registro oficial emitido por una jurisdicción extranjera (la autoridad competente de un país diverso a los EE.UU.) con respecto de la marca que se pretende registrar aplicable para los mismos productos o servicios. 

• La Existencia de una Solicitud Presentada en el Extranjero (Ejercitar el Derecho de Prioridad). – Considerando la existencia de una solicitud de registro de marca ya presentada en otra jurisdicción extranjera con respecto de la marca que se pretenda registrar en los EE. UU aplicable para los mismos productos o servicios. Para ello se cuenta hasta con 6 meses para presentar la solicitud correspondiente en los EE. UU considerando que el efecto de ello es conservar la misma fecha de presentación de la solicitud al de la jurisdicción extranjera, a lo anterior se le conoce como “derecho de prioridad”.

• Procedimiento Iniciado a Través del Protocolo de Madrid. – Considerando las particularidades del sistema internacional simplificado para la protección de marcas, aplicables únicamente para los países miembros del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, cuyo procedimiento se inicia a través de la Organización Mundial de la Propiedad Industrial. Para ello es importante considerar las traducciones y certificaciones correspondientes. 

Asimismo, el procedimiento administrativo por el cual se lleva a cabo la solicitud de registro de una marca, tiene una duración aproximada de un año (esto desde luego variará de acuerdo la existencia de oposiciones de terceros presentadas al registro, o bien la emisión de oficios de algún requerimiento emitidos por la autoridad, denominados “office action”), y cuenta con las siguientes etapas principales:

• Búsqueda de Viabilidad de Registro (Opcional);

• Presentación de Solicitud ante USPTO;

• Examinación de la Autoridad;

• Publicación y Derecho de Terceros para Oponerse al Registro;

• Declaración de Uso o de Intención de Uso; y

• Emisión del Registro.

La base por la cual la USPTO reconoce la existencia de derechos de propiedad industrial dentro de su marco jurídico con respecto a las marcas, es por el uso efectivo y real de la marca en el comercio y no por la simple existencia del registro, por lo anterior, es importante conocer correctamente las reglas por las cuales se considera, en términos de la legislación aplicable, que efectivamente la marca está siendo usada en el comercio.

Finalmente, es importante tener en cuenta que en el caso de que seas un solicitante extranjero es obligatorio que un abogado titulado y autorizado para ejercer en el territorio de los EE. UU te represente ante la USPTO (desde luego recomendando que sea uno especializado en propiedad industrial).  

Lic. Carlos Zepeda Fernández

LA CONVENCIÓN 108.

El Convenio 108 es el único instrumento multilateral jurídicamente vinculante de protección de datos de carácter personal, que en la actualidad cuenta con más de 55 Estados signatarios y más de 25 observadores.

Sus orígenes se remontan a 1981, cuando los Estados miembros del Consejo de Europa reconocieron la necesidad de abordar la protección de datos desde una perspectiva internacional. 

La intensa circulación transfronteriza de datos de carácter personal hizo necesaria la suscripción de este convenio con el fin de garantizar, en los territorios de cada parte signataria, el derecho a la vida privada y adaptar su derecho interno para hacer efectivos los principios básicos de la protección de datos enunciados en el mismo. En 2018 se propuso la actualización del convenio para adaptarlo a los retos de la protección de datos en la sociedad digital, denominándose, desde ese momento, Convenio 108+.

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta el nivel de intrusión del reconocimiento facial, puesto que la afectación a los derechos de privacidad y protección de datos varía según la situación en la que se utilice.

Por ejemplo, el uso de las tecnologías basadas en reconocimiento facial que permitan identificar “en directo” en zonas públicas o semipúblicas (como los parques o los centros comerciales) supone una gran intrusión en el derecho a la privacidad y la dignidad de las personas y puede tener un grave impacto en los derechos humanos y las libertades fundamentales, por lo que se recomienda que su uso sea regulado tras el procedimiento legislativo de derecho interno que corresponda, según cada Estado miembro, destacando que debería ser sometido a un debate democrático.

Otro de los usos que se recomienda prohibir afecta a aquellas situaciones en que esta tecnología tenga como único fin determinar el color de piel de las personas, sus creencias religiosas, su raza, su sexo, su edad, su condición social, económica o de salud, o aquellos que permitan el “reconocimiento afectivo”, es decir, clasificar las emociones humanas o la salud mental de las personas; todo lo anterior salvo que se establezcan adecuadas garantías legales para evitar cualquier riesgo de discriminación sin descartar que una excepción sería, por ejemplo, su uso en un proyecto de investigación con fines médicos.

Otra recomendación muy relevante tiene como finalidad que la legislación por implementar debe asegurar que las imágenes disponibles en formato digital no se procesen para extraer “modelos biométricos”, o integrarlos en sistemas de reconocimiento facial, sin que se recabe un consentimiento expreso, especialmente cuando esas imágenes disponibles en la red se compartieron para otro uso, por ejemplo las redes sociales, o si fueron obtenidos por cámaras de videovigilancia u otras bases de datos.

En definitiva, sólo se debería autorizar la extracción de modelos biométricos de imágenes ya digitalizadas cuando se trate de un interés legítimo, permitido por la ley y, además, cuando sea estrictamente necesario y proporcionado para esos propósitos.

El 12 de junio de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se aprueban dos importantes documentos:

1. el Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal del 28 de enero de 1981 (conocido como el Convenio 108), y 2. su Protocolo Adicional del 8 de noviembre de 2001, relativo a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos.

Éste es uno de los documentos más importantes a escala internacional que busca crear un marco legal en materia de protección de datos personales, si no es que el más importante. Adoptado por el Consejo de Europa hace más de 35 años, es el primer documento abierto a países no miembros de la Unión Europea y es también considerado el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante en el área de la protección de datos, ya que obliga a las partes firmantes a tomar las medidas necesaria a nivel doméstico para adecuar su legislación a los principios establecidos por el Convenio en el ámbito del tratamiento de la información personal de las personas.

El objetivo principal de este acuerdo internacional es lograr un equilibrio entre la protección de la información personal y la necesidad de mantener el libre flujo de datos personales entre países, de tal manera que los flujos internacionales de datos personales no representen un freno al comercio internacional.

El Convenio basa su contenido en las resoluciones del Consejo de Europa de 1973 y 1974, estableciendo los principios básicos para la protección de los datos personal tratados por medios automáticos y establece que los datos obtenidos por los países firmantes:

• Deberán ser obtenidos de manera leal y legítima.
• Deberán ser tratados para finalidades determinadas y no podrán ser utilizados de forma incompatible con dichas finalidades.
• Deberán ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con las finalidades para las cuales se han obtenido los datos.
• Deberán ser exactos y si fuera necesarios puestos al día.
• Deberán ser conservados de tal forma que se permita identificar al titular de los datos durante el tiempo de conservación que no podrá ser mayor que aquel necesario para las finalidades para las cuales se han obtenido.

Obliga a adoptar medidas de seguridad apropiadas para la protección de la información personal que integra las bases de datos electrónicas para evitar su destrucción, pérdida accidental o su acceso, modificación o difusión no autorizada.

El capítulo III del Convenio 108 establece las bases para los flujos transfronterizos de datos personales y señala que las transferencias de datos personales realizadas entre países firmantes del Convenio se llevarán a cabo sin que los países impongan prohibiciones o exijan autorizaciones especiales en materia de protección de datos personales.

La razón de esto tiene que ver con que al firmar el Convenio se asume que las partes cuentan con un nivel mínimo de protección respecto de la información transferida, por lo que mayores requisitos no serían necesarios.

Un tema toral del Convenio son las transferencias de información entre los países miembros, esto es, las partes firmantes se obligan a contar con una autoridad que será el contacto con la autoridad de cumplimiento europea y deberán prestar asistencia otros países en el intercambio de información y apoyar a personas con residencia en el extranjero para el ejercicio de sus derechos.

No obstante que México ya cuenta con una ley de protección de datos tanto para entidades públicas como privadas, adherirse al Convenio 108 representa un paso muy importante hacia una verdadera protección de datos personales en nuestro país y el extranjero. Ahora contaremos con herramientas globales de ayuda mutua entre las más de 45 distintas jurisdicciones que ya forman parte del Convenio, para el intercambio efectivo y seguro de la información y el apoyo internacional a individuos, lo que facilitará el flujo transfronterizo de información en beneficio del Estado y los derechos de los particulares.

Fuentes utilizadas.- Adopción de México del Convenio 108 del Consejo de Europa, protección y flujo internacional de datos | El Economista / vlex / revista abogacía.

Derivado de la reforma en los ámbitos laboral, fiscal, seguridad social entre otros, publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 23 de abril de 2021, se estableció la prohibición expresa de la subcontratación de personal; lo anterior se actualiza cuando una persona pone a disposición trabajadores propios en beneficio de un tercero; sin embargo, la reforma establece una salvedad excepción por la cual se permite exclusivamente la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social y/o de la actividad preponderante de los contratantes.

 En dicha reforma se estableció como fecha límite para registrarse en el Padrón de prestadores de servicios hasta el mes de agosto; lo cual, ya se emitió la ampliación del plazo.

No obstante lo anterior, resulta fundamental la revisión del objeto social de cada empresa que presta servicios especializados y el objeto social de su contratada y/o contratante para analizar si existe posibilidad de prestar servicios o si se encuentran ante una prohibición por igualdad en las actividades previstas en su objeto social o actividad preponderante.

 Su determinación deriva de una minuciosa revisión caso por caso y determinación sobre si aplica o no las disposiciones legales de la subcontratación.

En caso de cualquier duda sobre si le aplica la prohibición, el registro, o simplemente deseas asegurarte que las operaciones de tu empresa no se encuentren tipificadas como prohibidas conforme a la reforma, nuestros abogados especializados en materia corporativa y laboral pueden asesorarte y resolver cualquier duda al respecto.

En el Estado de Jalisco, las personas pueden contraer matrimonio bajo el régimen de sociedad legal, sociedad conyugal o voluntaria y separación de bienes.

El régimen patrimonial o económico del matrimonio es un sistema de normas jurídicas, en las cuales se administra o regula los bienes adquiridos entre los cónyuges en el matrimonio ya sea en conjunto o por separado.

Se pueden contraer matrimonios bajos estos 3 tipos de sociedad:
I.- SOCIEDAD CONYUGAL O VOLUNTARIA: En este régimen se administra por capitulaciones matrimoniales en las cuales se hace un inventario de todos los bienes de los contrayentes, así como los acuerdos, este se presenta ante la Oficialía del Registro Civil correspondiente, en ellas se indica entre otras cosas.

a) La lista detallada de los bienes muebles o inmuebles que
cada parte lleve a la sociedad.

b) Los bienes que se conservarán como de su exclusiva propiedad
c) Los bienes con los que cada uno llega al matrimonio

II.- SOCIEDAD LEGAL: Este régimen consiste en que todos los
bienes que se adquieran durante la etapa del matrimonio les corresponde el 50% de
la propiedad de cada uno de ellos. Es decir, a partir de la celebración del
matrimonio, ambos cónyuges forman un patrimonio en común.

III.- SEPARACIÓN DE BIENES: En este régimen todos los bienes
que se adquieren a partir de la celebración del matrimonio, le perteneces
exclusivamente al cónyuge que los adquirió y conservó la propiedad antes del matrimonio.

Sin embargo, en el caso de que los cónyuges hayan celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, en caso de divorcio por mutuo consentimiento, se deberá señalar la compensación a que tendrá derecho el consorte que, durante el matrimonio, se haya dedicado preponderantemente al desempeño del trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos, la cual no podrá ser superior al 40 % cuarenta por ciento del valor de los bienes que hubieren adquirido durante el matrimonio.

En términos de la ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial existen diferentes tipos de marcas que podrán constituir la protección de uso exclusivo y generar derechos de propiedad industrial.

Las comúnmente denominadas “marcas tradicionales”:

1.- Marca Nominativa: compuesto únicamente por vocablos o palabras sin ningún aspecto visual.

2.- Marca Innominada: compuesto únicamente por su aspecto visual (diseños, dibujos, logotipos), es decir, omitiendo palabras o cualquier otra denominación.

3.- Marca Mixta: compuesta conjuntamente por un elemento nominativo y otro visual, el acompañamiento de una denominación y un diseño.

4.- Marca Tridimensional: formas de los productos o envases que tengan un carácter distintivo.

Las referidas como “marcas no tradicionales” las cuales fueron incorporadas recientemente a nuestra legislación:

1.- Marcas olfativas: el aroma asociado con un producto o servicio (para ello es muy importante identificar a manera de descripción las características puntuales y específicas de dicha esencia).

2.- Marcas sonoras: el sonido vinculado a un producto o servicio con el propósito de distinguirlo.

3.- Marcas Holográficas: imágenes cuyo efecto visual transmiten el movimiento de algún elemento
de la marca.

4.- Imagen Comercial (conocido como “Trade Dress”): El conjunto de elementos operativos o de
imagen que puedan caracterizar la apariencia comercial de algún producto, servicio o establecimiento.

Si tienes en mente registrar una marca es importante considerar sus requisitos y elementos
necesarios para llevar a cabo un registro correcto.

Acércate con nosotros, te podemos asesorar.

Si las Redes sociales y los servicios de mensajería son atractivos para los jóvenes porque su sistema de funcionamiento implica la respuesta rápida, las recompensas inmediatas y la interactividad; definitivamente este encuadre se apega más a la justicia alternativa que al sistema de impartición de justicia ordinario.

Los sistemas judiciales se han caracterizado por respuestas lentas, falta de recompensa y ausencia de interacción entre los participantes. Y para muestra un botón, Por ejemplo:

1.- Falta de Recompensa.- Los órganos jurisdiccionales estatales en México en 2019 publicaron solamente 132,486 sentencias en relación con los 2´085,950 asuntos ingresados en materias familiar, civil y mercantil a sus sedes jurisdiccionales.

2.- Ausente interacción.- El aumento de funcionarios de los órganos jurisdiccionales en 2019 fue del 3.0% en relación con los funcionarios existentes en 2018, por lo que de ninguna manera podríamos pensar que pueda existir interacción del juzgador con los justiciables dado el incremento exponencial.

Basta verificar los criterios que justifican el rezago por excesivas cargas de trabajo, por ejemplo el siguiente: PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO; para demostrar la imposibilidad de interacción entre juzgadores y justiciables.

3.- Falta de Recompensa inmediata.- Los órganos jurisdiccionales estatales dejaron aproximadamente 1´953,464 de los asuntos ingresados en el 2019 sin dictado de sentencia. Situación que refuerza la sensación de imposible inmediatez de resultados para quienes acuden a un sistema judicial.

**Anteriores ejercicios tienen base en el Censo De Impartición de Justicia Estatal de INEGI de 2020.

La posible solución a los problemas mencionados pudiere encontrarse en la Justicia Alternativa de los poderes judiciales estatales, que pudieran representar una vía rápida para obtener estos tres elementos mencionados tan asediados por los jóvenes. Velando por incrementar la velocidad, sin disminuir la calidad de la justicia.

Y qué mejor justicia, que la que puede elegirse por los propios participantes del conflicto.

Es así que cuando nos volvamos a preguntar como usuarios del sistema judicial, ¿qué tipo de asesor debemos preferir? Tengamos preferencia en elegir un abogado con perfil mediador o con certificaciones en justicia alternativa sobre cualquier otro asesor legal que se ha acostumbrado al sistema judicial lento, improductivo y siempre en excesiva carga de trabajo.

En nuestra Legislación el divorcio es aquel que disuelve el vínculo matrimonial y deja a los que fueron cónyuges en aptitud de contraer otro.

El divorcio incausado en Jalisco es una modalidad que se caracteriza porque la solicitud de separarse es presentada de manera unilateral, es decir, que uno de los consortes acude a solicitar el divorcio sin la necesidad del consentimiento del otro cónyuge. Teniendo su fundamento en la fracción II del artículo 404 de La Legislación Civil del Estado.

Dicha figura jurídica da la posibilidad a los cónyuges disolver el vínculo matrimonial sin la necesidad de adecuar un tipo de conducta de manera forzosa, por lo que en el ámbito procedimental únicamente deberá haber trascurrido por lo menos 01 año desde la celebración del matrimonio para que se dé por satisfecho este único requisito y poder solicitar el mismo. Sin embargo, para poder dar inicio al juicio, se tiene que presentar el correspondiente escrito de demanda conjunto con el proyecto de convenio respectivo, lo anterior con la finalidad de que este pueda ser notificado a la contraparte, quien a su vez presentará ante el juzgado en el que se haya radicado el procedimiento la contrapuesta de convenio, dando inicio con tales actuaciones al juicio de divorcio incausado.

Por lo anteriormente expuesto podemos concluir que el divorcio incausado tiene como sus principales ventajas las siguientes:

• Brinda celeridad al procedimiento en cuanto a decretar el divorcio.

• El demandante, no necesita señalar y/o expresar detalladamente en su escrito de Divorcio los motivos o causales por las que lo solicita.

Artículo 404. Procede el divorcio por:

1. El mutuo consentimiento, o

1. La solicitud por cualquiera de los cónyuges sin necesidad de atender a un motivo

El pasado viernes 23 de septiembre del presente año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia por contradicción de tesis que ha desatado polémica dentro del gremio de los abogados que se dedican a litigar la materia mercantil. La tesis en cuestión, 1a./J. 39/2020 (10a.), se encuentra disponible con el número de registro 2022118.

            El asunto se presentó en la Primera Sala de la Suprema Corte después de que el Pleno del Decimonoveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla sostuvieron criterios encontrados respecto a los requisitos esenciales del emplazamiento en materia mercantil.

El Pleno de Circuito sostenía que la omisión del notificador al no pormenorizar los documentos con los que se le corrió traslado a la parte demandada, era insuficiente para declarar la invalidez del emplazamiento. Mientras tanto, el Tribunal Colegiado sostuvo que conforme al artículo 1394 del Código de Comercio, tratándose del emplazamiento, se le debía entregar al demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con copia de demanda, de los documentos base de la acción y todos los demás que se ordenaban por el artículo 1061 del Código.

La parte central de la disertación de los ministros de la primera sala era si el actuario o notificador estaba obligado a describir durante el emplazamiento cuáles son las copias de los documentos que se adjuntan en la demanda. Bajo este orden de ideas, la Suprema Corte consideró que, al establecer la ley procesal (en este caso el Código de Comercio) como formalidad del emplazamiento la entrega de copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan, esto se debía interpretar conforme al artículo 14 constitucional y en consecuencia, el emplazamiento debía considerarse como válido “sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado.”

Este criterio jurisprudencial llega a sumarse a diversos más que ha ido generando la Suprema Corte y los Tribunales Colegiados a raíz de la reforma financiera de 2013-2014 en la que se adicionaron diversos mecanismos al Código de Comercio para facilitar el cobro de adeudos como la retención de bienes, y las modificaciones a los requisitos para la validez del emplazamiento en caso de no encontrar al deudor en su domicilio.

            Las autoridades jurisdiccionales parece que se exceden de sus funciones como jueces, magistrados o ministros, al “legislar” a través de la jurisprudencia, generando interpretaciones como la del presente artículo en donde se agregan nuevos requisitos de validez para la realización de una actuación judicial sin que se prevea de ninguna forma por la ley. Estas resoluciones sólo han hecho que el cobro de adeudos sea cada vez más difícil.

En el caso del presente artículo, gracias a esta jurisprudencia será posible combatir vía amparo cualquier procedimiento, impugnando el emplazamiento, en caso de que no se haya establecido en la cédula de notificación que el actuario o notificador le enlistó a la demandada todos los documentos que acompañaban a la demanda. Conociendo el estado del Poder Judicial en México, es posible concluir que existen un sin fin de emplazamientos hechos al día de hoy hechos donde el notificador no hizo esto.

Criterios como este, emitidos por la Suprema Corte, hacen posible notar lo alejado que se encuentra de la práctica jurídica real el más alto órgano jurisdiccional del país. Pareciera que desconocen las condiciones de los poderes judiciales estatales y que tampoco comprenden las implicaciones que pueden tener en la práctica resoluciones de este tipo.

México es conocido mundialmente por tener las más altas tasas y comisiones bancarias y esto se debe en gran medida a lo difícil que es cobrar adeudos. Es fundamental que se respeten los derechos y las garantías de todas las partes, por lo que no está mal que los tribunales de justicia busquen proteger a la parte demandada, pero al hacer esto, deben cuidar no perjudicar al actor, que finalmente es la parte más afectada en un juicio mercantil ya que es a quien se le debe y es a quien más están perjudicando con estos nuevos criterios.